Joaquín Sabina, condenando a pagar a Hacienda 2,5 millones de euros por derechos de autor

La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso interpuesto por Joaquín Sabina contra una deuda de 2,5 millones de euros a pagar en impuestos por el IRPF de los años 2008 al 2010 en concepto de derechos de autor y que fueron cedidos por el artista a empresas familiares. Los magistrados encargados del caso han dado la razón a la Agencia Tributaria y han rechazado el recurso judicial del cantante. Joaquín Sabina ya lo habría intentado, sin éxito alguno, por la vía administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo.

JoaquÍn Sabina durante un concierto en Madrid

El cantante y sus familiares eran socios y administradores de tres empresas : Ultramarinos Finos, Relatores y El Pan de Mis Niñas. Con estas empresas gestionaba todos sus derechos de autor, sus inmuebles en la capital madrileña y en Rota. Al igual que un velero y una colección de libros antiguos, según el inventario establecido en la sentencia del pasado 13 de abril de 2022 y publicado por el periódico El País. Según la investigación realizada por la Agencia Tributaria, las tres compañías generaron más de 12 millones de euros.

"Todos estos ingresos tienen una relación directa con el demandante, ya sea por servicios facturados o por cobro de derechos de autor", cita el informe de la inspección tributaria. En su defensa, el cantante alegó que nunca había tenido relación con las tres sociedades. Un alegato que los magistrados declararon inverosímil y determinaron que Joaquín Sabina tributó una cantidad inferior a la que le correspondería de normal.

Joaquín Sabina en su primer concierto tras sufrir pánico escénico

Tras estas irregularidades tributarias por parte del cantante, Hacienda en su informe estableció una subida a la base imponible del IRPF después de que Sabina hubiera declarado y pagado menos tributos con sus empresas en el Impuesto de Sociedades.

Según él, la inspección fue más larga de lo debido

Pero lo cierto es que el cantante recurrió y argumentó que la inspección realizada por Hacienda había durado más de lo establecido en la ley y, que el sistema empleado para hacer los cálculos no fue el más indicado.